Thursday, July 28, 2016

Comunidades indígenas detienen megaproyectos en zona Huasteca


La Jornada, Edgar Escamilla, 25 Julio 2016. Xilitla, SLP.- Integrantes de organizaciones no gubernamentales provenientes de estados que integran la región Huasteca, se dieron cita en el municipio de Xilitla, declarado "libre de proyectos de fracking", en el segundo "Encuentro Interregional en Defensa del Territorio, el Agua y la Vida", a fin de compartir experiencias de éxito en la protección de sus territorios de proyectos de extracción como la minería, explotación de hidrocarburos y el trasvase de cuencas hidrológicas.
La región Huasteca, integrada por los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, se encuentra amenazada, advierten los activistas, por megaproyectos para la explotación de hidrocarburos, convencionales y no convencionales, extracción de minerales y la explotación de los recurso hídricos tanto para la generación de electricidad mediante la construcción de hidroeléctricas, como su trasvase a otras entidades.
El encuentro se dio en Xilitla, uno de los dos municipios de San Luis Potosí que se han declarado, con actas comunitarias y actas de cabildo, como libres de este tipo de mega proyectos que inciden directamente en la calidad de vida de las poblaciones y el medio ambiente
Rogel Del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosína (COCIHP) e integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), comentó que a principios de junio pasado, personal del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, pretendían realizar perforaciones en la comunidad de Cruxtitla, municipio de Xilitla, sin contar con los permisos correspondientes por parte de las autoridades, municipales y de la comunidad.
"Al pedirle la documentación, demostraron que necesitan realizar dos perforaciones para analizar la roca, la excavación implicaba cerca de 100 metros de profundidad, pero dado el temor entre las comunidades respecto a la amenaza de la introducción de empresas que pretenden explotar los yacimientos de hidrocarburos, se optó por no permitir este tipo de estudios", comenta.
Pero en Tuzantla, municipio de Tancanhuitz, la empresa San Sebastián, enviada por la Comisión Estatal del Agua para realizar estudios del agua, hizo perforaciones, pero los pobladores evidenciaron que lo que habían encontrado era petróleo.
Este tipo de situaciones, en las que instituciones académicas o dependencias gubernamentales tratan de ingresar a las comunidades sin haberles informado, ha propiciado una especie de alarma generalizada entre la población.
"A los pobladores tratan de engañarlos afirmándoles que son decisiones del gobierno, es el caso del gasoducto que viene de Ozuluama, Veracruz; atraviesa Orizatlán, Hidalgo; y pasa por los municipios de San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Matlapa y Axtla de Terrazas, afectando decenas de comunidades indígenas, las cuales no han tenido ninguna información".
Los habitantes de estos municipios han denunciado que los representantes de las empresas ofrecen dinero a los propietarios de las parcelas para que les permitan el paso libre por las comunidades.
Se trata del gasoducto Tuxpan-Tula, con el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca alimentar sus plantas generadoras en el altiplano, mismos en los que invierte 400 millones de dólares y forma parte de una red que se extiende desde el estado de Texas en Estados Unidos.
La organización Proyecto en organización, desarrollo, educación e investigación (Poder), ha documentado casos de afectaciones por las obras de construcción de esta infraestructura en la Sierra Norte de Puebla.
El gasoducto de 36 pulgadas de diámetro tiene una longitud de 263 kilómetros y una capacidad de 706 millones de pies cúbicos. Tiene una longitud de 263 kilómetros y se prevé entre en operaciones en marzo de 2017.
En Chimalaco, municipio de Axtla de Terrazas, los habitantes detuvieron la obra del gasoducto porque no pudieron mostrar ningún documento que valide esas actividades. En ningún momento la empresa les informó acerca de la obra.
"Se viola el principio propersona", comenta Rogel Del Rosal. Cita los primeros dos artículos de la Constitución y las violaciones del Estado Mexicano hacia el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México, y en el cual se establece la consulta a las comunidades indígenas.
A esto le suma la declaración universal sobre derechos y cultura indígena de las Naciones Unidas, que se refiere también a la obligatoriedad de respetar los territorios y realizar consultas a las comunidades, antes de llevar a cabo estos proyectos.
Al menos en la huasteca potosina suman 18 los municipios que se encuentran en riesgo de sufrir afectaciones por estos proyectos, impactando de forma directa a 388 comunidades indígenas, con cerca 360 mil habitantes, además de las poblaciones urbanas que integran la cuenca alta del río Pánuco.
"Aquí no se necesitan proyectos como el Monterrey VI", se comentó durante el encuentro. Con esta obra se pretende extraer cinco metros cúbicos de agua por segundo del río Pánuco para enviarla a la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
En Veracruz, aunque por el momento detenido por la falta de recursos en Petróleos Mexicanos (Pemex), existe el proyecto de trasvase de agua del río Tecolutla al río Cazones, lo que permitiría dotar del líquido a las empresas petroleras que estarán perforando en la Sierra Norte de Puebla y la Zona Norte de esa misma entidad.
La organización Fundar "Centro de Análisis e Investigación", documentó en la publicación "La fracturación hidráulica en la Sierra Norte de Puebla: una amenaza real para las comunidad", los planes de Pemex Exploración y Producción para llevara cabo la explotación de yacimientos no convencionales, según consta en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto regional Poza Rica-Altamira y Aceite Terciario del Golfo 2013-2035, presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en marzo de 2014.
Aroa De la Fuente, cita que si bien la empresa decidió retirar la MIA en mayo de 2014, deteniendo el proyecto por el momento, se evidenciaron las intensiones de la empresa en esta región, lo que estaría afectando a 99 municipio de la Sierra Norte de Puebla y de la Zona Norte de Veracruz y el estado de Hidalgo.
En dicho documento se exponen las intensiones de perforar pozos exploratorios y de desarrollo, construcción de lineas de descarga y ductos en general, construcción estación de recolección y comprensión, baterías separación y deshidratadoras, pero además la realización obras asociados como la construcción de caminos, apertura de áreas para la ubicación de presas a cielo abierto, presas metálicas o tanques verticales de almacenamiento de agua para multifractura, vados, alcantarillas y puentes.
De llevarse a cabo este proyecto, Pemex necesitaría 4 mil barriles de agua para cada fractura, lo que alerta a las comunidades en las que se están presentando problemas para obtener agua para consumo humano.
Las organizaciones se han unido para llevar a cabo acciones de información en las comunidades, ayudarlas a coordinarse entre sí, firmar actas comunales en las que nieguen el acceso a este tipo de mega proyectos y que éstas a su vez soliciten a sus respectivos ayuntamientos se oficialicen mediante acuerdos de cabildo.

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